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El Estado y su responsabilidad en la marginación de las zonas vulnerables

El Estado y la responsabilidad de las administraciones públicas en los procesos de marginación de las zonas vulnerables. Una reflexión sobre la visión de L. Wacquant.

Recientemente, en el marco del Seminario Internacional de Derecho Penal y Criminología que se celebra en la UNED desde hace unos años, tuve la ocasión de reflexionar con mis compañeros de Derecho Penal y de otras disciplinas afines, así como con estudiantes de máster y doctorado de la UNED, sobre cual es la responsabilidad del Estado en la producción de barrios peligrosos en las ciudades en globalización dentro de una ponencia más extensa denominada: “Estado, clases marginales y barrios peligrosos en las urbes contemporáneas en globalización”. Extraigo a continuación los apuntes sobre lo que allí traté con ellos tras tratar sobre el concepto de exclusión y la formación de los barrios peligrosos:

¿Cuáles son los actores principales de los procesos  de marginación de zonas vulnerables y que las transforma en áreas peligrosas? 

Según Wacquant decía: hay tres actores principales: El Estado, las clases sociales y la ciudad. Son los cambios ocurridos en las últimas décadas en estos tres elementos del sistema social humano actual y la dinámica que se produce en la interacción entre ellos lo que termina por producir estos lugares de exclusión. La forma en que se organizan los tres en las últimas décadas es lo que termina por producir esta situación. Como hemos señalado ya: la ciudad se tiende a dividir y concentrar a una parte de su población en zonas depauperadas; las clases sociales obreras se tienden a fragmentar y dividir en la nueva economía; las clases medias huyen de esas zonas; y, el Estado, ¿qué ocurre con el Estado?

El Estado: relocalización de las políticas sociales y la fragmentación de la ciudadanía social

Según este autor (Wacquant), en Estados Unidos y Europa, el Estado ha promovido la existencia de estas zonas, su depauperización y degradación al desarrollar una tendencia creciente a la reconfiguración o relocalización de la política social. Al producirse una retracción y desarticulación de las políticas de bienestar (en Europa del Estado del Bienestar) a nivel estatal y fomentar su localización, las zonas de exclusión se han encontrado sin capacidad de reacción.

En la actualidad, la lógica histórica que se sigue ha producido un cambio sustantivo en la concepción de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Se ha pasado de considerar que el ciudadano tenía derecho a una asistencia, a unos derechos cívicos, políticos y sociales, a incidir en la obligación que tiene de trabajar y contribuir como previa condición para la adquisición de casi cualquier derecho social.

En estas condiciones, ha recaído en las comunidades locales la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos que viven en ellas. Éstos ya no son una preocupación del Estado. Así hemos visto en los últimos años cómo ciudades de todo Estados Unidos comienzan a regular la situación de los trabajadores irregulares que hay en ella con documentos de identificación locales, mientras el Estado se niega a reconocerles derecho alguno, aun cuando es una emergencia de salud en muchas ocasiones. Y, en Europa, llevamos tres décadas pasando del fomento de las políticas estatales dirigidas a estas zonas al desarrollo de planes cada vez más localizados, y menos dirigidos estatalmente, vendidos como proyectos innovadores y participativos. Pero que también son progresivamente dependientes de la financiación filantrópica y vecinal.

Consecuencia de ello es, que sin normas estatales, lo que hay hoy es una tendencia fuerte en la organización política hacia la fragmentación territorial de las condiciones de las ayudas sociales y cívicas a los desfavorecidos y a los espacios que ocupan. Lo cual aumenta la división interna de esta parte de la población respecto del resto de la ciudad. Y, las zonas con menos recursos quedan abocadas al olvido.

Tipología de las posturas empíricas del Estado ante el surgimiento de las zonas urbanas de exclusión.

Más concretamente, Wacquant advierte en su trabajo de la posibilidad de encontrar tres posturas diferentes de los Estados ante la problemática de las zonas urbanas malditas:

1. Primera opción: Rearmar y redesplegar los programas existentes del Estado del Bienestar.
Ello se hace cuando: Se refuerzan ayudas como el servicio humanitario de emergencia social (SAMU); Se activan programas de ayuda social que sirvan para alcanzar un empleo o formación; Se autoriza a los beneficiarios de ayudas a acumular durante un tiempo subsidios y trabajo; O, se fortalece la movilización de redes asociativas y de colaboración.

2. Segunda opción: Criminalizar la pobreza por medio de la “contención punitiva” de los pobres en barrios decadentes a los que se aísla y estigmatiza, junto con el uso de las prisiones como lugar que sirve de depósito temporal de aquellos que no se ajustan a las normas.
Ello lo podemos observar cuando: Vemos aumentar las tasas de encarcelamiento; Se sobrerepresenta masivamente a ciertos grupos sociales dentro de la población carcelaria; Se permite el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, reduciendo el encierro a su función más brutal de almacenes de categorías indeseables; O se endurecen las políticas penales a expensas de las políticas de rehabilitación.

3. Tercera y última: Reconstrucción activa del estado social que implique una transformación de éste para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, familiares, de género y de participación en la vida colectiva.
Lo que implica, por ejemplo: La instauración del salario del ciudadano o subsidio básico para separar subsistencia de trabajo; El acceso gratuito a la enseñanza y a la formación durante toda la vida; O, cuando se promueve la garantía universal de bienes esenciales como: vivienda, salud y transporte.


¿Qué tiende a ocurrir en Estados Unidos y en Europa? Paternalismos liberales


En los estudios comparativos de este autor entre lo ocurrido en Estados Unidos y Francia, él llega a la conclusión de que la situación en ambos es muy diferente.

La política americana desde los años setenta fue de reducción de los presupuestos dirigidos a estas áreas como medida para superar la crisis fiscal de los años setenta que afectaba a todo el país. No sólo se abandonaban las infraestructuras viales sino también los equipamientos básicos de policía, hospitales y colegios hasta llegar a desaparecer muchos de ellos. Detrás de tal política se desarrolló una ideología penal acorde a los tiempos neoliberales que defendía la necesidad de castigar el delito y se esforzaba por legitimar las políticas anteriores mediante el ofrecimiento de mayor seguridad a las clases medias contra el accionar de la delincuencia. Para lo cual, criminalizaron la pobreza y normalizaron la idea de que el trabajo inseguro había de ser el que podría tener la base de la estructura social. De ese modo, el Estado Social se convierte en un Estado penal, en el cual, la política central contra la pobreza es el hiperencarcelamiento. Apenas es necesario otra más.

En Francia, desde comienzos de los ochenta, se desarrolló una política nacional, regional y local que tenía como objetivo un plan de renovación de estas zonas denominadas ya entonces “sensibles”. Los resultados, aunque pobres para el problema que tenían entre manos, fueron, al menos: de detención del proceso de marginalización social de los residentes, y toma de responsabilidad colectiva ante el problema. Si bien, la persistencia del problema social de aislamiento seguía persistiendo 20 años más tarde.

Cuando, además, se acercó a los sistemas penales de ambos países, Wacquant llegó a la conclusión de que las tendencias observadas implicaban que se había construido un régimen de “paternalismo liberal” en ambas zonas que proporciona al sistema penal un lugar central en el aparato administrativo que gestiona la pobreza. En ambos, se asume un mercado laboral desregulado de bajos salarios y se desarrollan programas de seguridad social que permitan sostener un sistema de empleo casual.

Si bien, hay diferencias importantes entre ambos, advierte. En América se institucionaliza el gueto negro (del que forma parte la cárcel como parte de la vida de sus habitantes) como un dispositivo que sirva para el control de los grupos étnicos a subordinar. Y, en Europa se estaba también construyendo por entonces un sistema social penalista a través de un “camino europeo” que se caracteriza por intensificar al mismo tiempo las intervenciones en materia penal y de asistencia social.

En síntesis, según Wacquant tanto en un camino como en otro, las respuestas del Estado a la desigualdad persistente y a las áreas de exclusión postindustriales que se forman en las ciudades en globalización coinciden en reflejar: 1. Cómo se ha transformado el poder estatal, que queda subordinado al poder del mercado globalizado. 2. Cómo se han acentuado las divisiones de clase puesto que las clases sociales superiores tienen un mayor poder para excluir a las clases inferiores de los recursos y beneficios del sistema social. 3. Cómo la expansión de la cárcel y la reclusión como castigo es una respuesta política (de actores políticos que tienen el poder) y no simplemente debido a cómo ha evolucionado el delito o a que ha aumentado la eficacia de la policía o del sistema judicial.

Reflexiones finales

Entiendo en este contexto la pregunta que se hace Javier Cigüela en su reciente libro «Crimen y Castigo del excluido social» sobre la responsabilidad penal del excluido ante la ilegitimidad del Estado para imponer una pena. Y, la veo como esencial puesto que cuando queda en entredicho la capacidad del Estado para mantener un régimen determinado de ciudadanía, lo que está entre paréntesis es el propio Estado de Derecho.

Dicha situación puede ser explicada como el resultado de la lucha por la definición del eje básico que articula la estructura social y sitúa a los individuos en relación con los demás. Podríamos decir que, metafóricamente hablando, las dos más poderosas instituciones básicas que organizaron la vida social en la Modernidad (el Estado y el Mercado) se enfrentaron y se enfrentan para ver cómo sitúan a los individuos en la sociedad. Las normas que rigen las relaciones sociales en cada uno de esos espacios dan lugar a una estructura social. Al no ser las mismas reglas en una y en otra, los grupos o clases de posiciones que surgen en ellas son diferentes. ¿Son complementarias ambas estructuras o se producen desajustes entre ellas que son la base de conflictos fundamentales para la sociedad?

El largo siglo XX europeo mostró que lo habitual es que se produzcan desajustes fuertes entre ambas estructuras. El siglo XX fue un tiempo de revoluciones en las que la ciudadanía (teórica) fue ampliándose en dos sentidos: Por un lado, la población considerada como ciudadana aumentó gracias a la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de derechos a colectivos concretos como las mujeres o los obreros. Por otro lado, se incrementaron los derechos de los ciudadanos desde sólo los derechos políticos a los derechos cívicos, sociales y económicos. Aunque, en realidad, nunca se llegó a un régimen de ciudadanía plena al dominar más habitualmente el Mercado sobre el Estado.

Sin embargo, por lo dicho hasta ahora, me atrevo a hacer la pregunta de otra manera a la audiencia. Y, parto del supuesto de que el Estado no puede dejar de imponer alguna pena.

Mi propuesta va en línea con la idea de que el derecho penal podría llegar a ser una herramienta del Estado para fortalecer las políticas sociales. Desde ahí, pienso, si esto sería posible mediante la transformación del sistema penal en un medio para, a través de las sentencias, exigiese o empujase a los actores políticos y económicos a fortalecer las comunidades locales más vulnerables que es donde surge el problema del que estamos tratando: el excluido social.

Entiendo que ello exige un cambio del paradigma moderno que nos ha llevado a una visión individualizada de una realidad colectiva. Yo no hablaría de “indulto” al excluido o de un papel de “mediación” de la política penitenciaria, ni siquiera de un descenso de la presión punitiva sobre las “clases marginales”, sino de un fortalecimiento del papel del sistema de justicia para orientar la actividad política y económica hacia la consecución de los objetivos constitucionales y la preservación de los derechos y deberes de las instituciones sociales (políticas, empresariales y cívicas). Es decir, ¿se puede pensar en exigir desde los tribunales de justicia a las instituciones públicas y privadas a cambiar su forma de actuación por haber permitido o por haber casi empujado a personas excluidas concretas a delinquir al seguir determinadas estrategias demostrables que no eran delito?

El concepto de Exclusión social. hasta donde hemos llegado.

El concepto de Exclusión Social. Hasta donde hemos llegado.

Recientemente, en el marco del Seminario Internacional de Derecho Penal y Criminología que se celebra en la UNED desde hace unos años, tuve la ocasión de reflexionar con mis compañeros de Derecho Penal y de otras disciplinas afines, así como con estudiantes de máster y doctorado de la UNED, sobre el concepto de Exclusión Social dentro de una ponencia más extensa denominada: “Estado, clases marginales y barrios peligrosos en las urbes contemporáneas en globalización”. Extraigo a continuación los apuntes sobre lo que allí traté con ellos:

Orígenes del concepto de exclusión

El concepto de “excluido social” se asentó en los años setenta, en Francia y en el ámbito de las políticas sociales nacionales. Por entonces, sirvió para señalar la existencia de personas desarraigas, abandonadas, empobrecidas y marginadas en las sociedades del bienestar europeo. Aquello parecía fruto de un cambio histórico en la organización social de los países occidentales europeos más desarrollados que se había producido, fundamentalmente, por la crisis económica que asolaba la economía mundial y empezaba a dejar sin trabajo en Europa a las masas obreras industriales urbanas.

Las diferencias entre los términos de infraclases, pobreza, marginalidad y exclusión


No queda claro en los escritos de aquel entonces la diferencia entre conceptos como “excluidos” o “infraclases” que apareció a la vez en el ámbito anglosajón. Ni tampoco quedaba siempre muy bien definido la diferencia conceptual entre “pobreza”, “marginalidad” o “exclusión” en muchos de los trabajos que se han realizado al respecto. De manera que, a la misma realidad objetiva parecía que se le iban dando nombres sin claras diferencias entre ellos, salvo por ciertos matices. ¿Qué diferencia a un pobre, de un marginado, o de un excluido? ¿No es acaso una persona marginada, una persona pobre? Y al que señalamos con esos dos términos, ¿no es un excluido?

Diferencias de dimensión sistémica

Los matices que diferencian estos términos fueron apareciendo poco a poco. El “pobre” es un concepto esencialmente económico, aunque, cuando desarrollamos la idea de la pobreza multidimensional, basándonos en la teoría de las capacidades de Amartia Sen en los noventa, ampliamos la idea de pobre a personas sin recursos económicos, educativos y sanitarios. Aquel concepto era muy similar al de “infraclase”, un concepto más sociológico que conseguía estimular la referencia a: 1. que estamos en sociedades de clases sociales; 2. derivadas de cómo se organiza el trabajo; 3. Y que hay personas y grupos que estaban quedando fuera de la organización del trabajo, y por tanto de la distribución de los recursos de la sociedad en función de su actividad social considerada central. El concepto de “marginal” está más asociado a los estudios culturales desde donde se plantea visualizar a la persona o grupo que es estigmatizado – hablando en términos de E. Goffmann y de marcos de representación – como diferente por los grupos dominantes en una sociedad cualquiera. Esta es una reflexión más asociada a los términos como “identidad” “frontera”, “segregación”, etc. Y, el concepto de “exclusión” vino en los noventa a generalizarse como concepto básicamente sociológico y político que se vinculó con mucha fuerza a la reflexión sobre la “ciudadanía” que venía haciéndose en Europa desde la II Guerra Mundial desde aquel famoso texto de Thomas Humphrey Marshall sobre “ciudadanía y clase social” y por supuesto del “Informe Beveridge” que transformó la idea de Estado y asentó la formación de lo que hoy llamamos el Estado del Bienestar.

Diferencias de tipo de objeto (estructural, acción, proceso)

Pero hay más diferencias importantes: el concepto de pobreza y el de infraclase hacía referencia a una realidad estructural que visualizábamos estáticamente: se es pobre o rico, o, infraclase, “clase media”, o clase alta; el concepto de marginalidad se asociaba a la acción de unos o a sus estrategias de dominio que conseguían levantar barreras entre los “nuestros” y los “otros” o a las acciones de aquellos que “voluntariamente” se separaban de la “buena sociedad” para aislarse y llevar una vida marginal; y, el concepto de “exclusión social” venía a profundizar en una realidad que era dinámica – procesual diríamos – en la que, por múltiples factores estructurantes, se terminaba por producir que individuos y grupos familiares concretos alcanzasen en su historia vital situaciones sociales en las que quedaban fuera del orden social establecido.

El orden social de la exclusión (institucional o estratégico)

El orden social ha sido entendido como reflejo y síntesis de la organización de las instituciones sociales básicas: el Estado, los Mercados y las Familias. Estas instituciones integraban a las personas y les daban acceso a los recursos mediante un status determinado como era el de ciudadano, trabajador o familiar y una clase derivada de su posición en la estructura productiva, de su actividad laboral. Y, quienes no tenían acceso a esos status y posiciones de clase, tenían muy difícil poder acceder a los recursos administrados por dichas instituciones.

El acceso a las posiciones sociales parecía estar formalizado en las sociedades democráticas. Las vías eran más o menos transparentes. Casi parecían ser naturales o, al menos, lógicas y legítimas. Hasta que, una Metamorfosis del trabajo (Castel) que hace surgir de nuevo el “precariado” o los “trabajadores pobres” en las sociedades salariales tras los años ochenta nos llevó a considerar que aquel modelo conceptual hacía aguas por todos lados. Mientras, la descomposición de los bloques políticos de la Guerra Fría hacía emerger las fronteras internas de las sociedades emergentes. Y, una fuerte inmigración a partir de los noventa nos desvelaba la heterogeneidad de nuestra población y lo poco preparada que nuestras instituciones estaban para asumirla.

Había una hipótesis alternativa sobre cómo evolucionaba el orden social que iba ganando terreno. Desde hacía años, se venía planteando que había fuerzas extrañas, no estructurales, que actuaban en la construcción de la sociedad claramente y que no había un orden “necesario” o “suficiente”. No sólo en Europa, sino también en los márgenes de la vida académica americana, el fenómeno que se pretendía estudiar con el concepto de exclusión parecía que no podía ser comprendido como un proceso sin actores y sin cultura.

Como cuenta M. Duneier en un libro reciente (Duneier, 2019), los “guetos” de las ciudades norteamericanas fueron estudiados por jóvenes y científicos salidos de allí que observaron y denunciaron, desde la Universidad a veces, las prácticas de las clases blancas para, desde las instituciones públicas y privadas, mantener y delimitar los espacios urbanos en que estaban obligados a vivir los negros. Empezaba a delinearse unas hipótesis que indicaban que el orden social realmente detrás de la Exclusión era fruto de agentes sociales que adoptaban decisiones y desarrollaban estrategias cuyas consecuencias eran la fragilización de los vínculos sociales, especialmente de aquellos con menos recursos.

La concentración de los pobres y los más vulnerables

En ese contexto, el debate académico sobre la pobreza urbana introdujo una nueva cuestión a tener en cuenta: no sólo había pobres, infraclases, marginados o excluidos en las ciudades sino que se estaban concentrando en ciertas áreas urbanas. Las teorías de la despoblación de Wilson y la teoría de la segregación de Massey intentaban explicar los mecanismos que podían provocar esa concentración y lo que significaba. Apuntaron a las estrategias de las clases medias blancas y negras ante el ambiente que se estaba creando en ciertas áreas deprimidas y en las que tendía a incrementarse o visualizarse en mayor medida un nivel de crimen y violencia hasta entonces desconocido.

Al tiempo, el concepto de “gentrificación” ya venía señalando que la situación de estos espacios no era siempre estática sino dinámica y que dependía su evolución de la acción de múltiples actores e intereses.

La exclusión, ¿es un fenómeno sociológico colectivo diferente del de la pobreza?

Desde Europa y América Latina, la investigación de estas áreas deprimidas empezó a hacerse con herramientas conceptuales más novedosas. El concepto de exclusión ayudó a ello. Pero, también han sido necesarios otros conceptos como el de “espacio o campo social” “habitus” y “capital (económico, social, cultural y simbólico)” que vinieron de la Teoría de Campos de Bourdieu. Todos ellos contribuyeron a que nos preguntásemos hasta qué punto el problema de la exclusión social no es un problema individualizado sino un problema colectivo; y, por ende, a considerar la posibilidad de que el fenómeno de la exclusión fuese algo más diferente de lo que parece del de la pobreza.

El sistema de Marginalidad Urbana Avanzada

Uno de los estudiantes de Wilson (América) y Bourdieu (Francia), L. Wacquant, llega a desarrollar a principios del siglo XXI la teoría del Sistema de Marginalidad Urbana Avanzada. En ella, da cuenta de cómo las sociedades urbanas postindustriales tienden a desarrollar un orden sistémico donde se producen unas zonas urbanas de exclusión. Es decir, según avanza la economía de una ciudad desde ser una ciudad industrial a ser una ciudad postindustrial, las tendencias estructurantes que se producen necesariamente terminan por crear unas zonas urbanas donde quedan recluidos las personas más pobres y vulnerables. Las zonas marginales son espacios sociales urbanos específicos y diferentes.

Según Wacquant, esos espacios urbanos se pueden conceptualizar como espacios sociales aparte del resto de la ciudad, con sus propias normas, instituciones y actores en conflicto por los recursos del lugar (espacio público, dinero,.., redes de personas). Y, podemos observar científicamente en ellos que actores, como las organizaciones públicas, mercantiles y familiares, desarrollan estrategias de relación social que siguen normas distintas que en el resto de la ciudad (recordemos frases como: “ni la policía va por esa calle” o pensemos en los funcionarios de salud y de las escuelas que se ven obligados a distanciarse de las problemáticas situaciones de los usuarios para no caer en depresión), así como otras organizaciones sociales, tales como mafias y bandas criminales surgen y se desarrollan con estrategias específicas en estos lugares, normalmente más violentas conforme más se retiran las fuerzas de orden público. Y mientras, los vecinos se encuentran progresivamente más aislados y vulnerables. De modo que terminan por marcharse si pueden o refugiarse en sus casas si todavía es un espacio privado que pueden cerrar.

¿Dos problemas diferentes: pobreza y vulnerabilidad?

La vulnerabilidad social es un problema derivado de la individualización institucional. A partir de aquí, comienzo del siglo XXI, la reflexión sobre el problema de la exclusión social puede haber comenzado a tomar un camino nuevo al poder ahora separar analíticamente dos conceptos aunados en la idea de la exclusión como si fuesen dos problemas de investigación que afectan a esta realidad social que ha emergido entre nosotros: el problema de la pobreza y el problema de la vulnerabilidad social. Se empieza a hacer evidente que la vulnerabilidad social no es un problema de carencia de recursos sino de la fragilidad de las relaciones sociales entre los individuos que forman parte de un grupo humano. Es un tema de flexibilidad de las normas institucionales que rigen los vínculos sociales que proporcionan a los actores la capacidad de construir y destruir los lazos que los unen. Es una cuestión que surge de la reducción de las obligaciones de mantenerse unidos. Es un problema asociado al proceso de individualización institucional.

Hablamos, pues, de un proceso eminentemente moderno, del que nos hablara con claridad meridiana N. Elías, y que ha proporcionado la capacidad al ser humano de definirse o identificarse como “Yo” frente a cualquier “nosotros”. Que ha sido nombrado por los Beck como proceso de individualización institucionalizado en referencia a que el Estado y los Mercados han fomentado y desarrollado mecanismos en la Modernidad para poder identificar a sus miembros individuales como “sujetos” de derechos, independientemente de sus demás vínculos sociales (familiares, laborales, ideológicos o religiosos).

Este es un proceso constitutivo de nuestras sociedades modernas, con consecuencias extraordinariamente positivas pues implica que, dentro de un contexto ordenado e identificable, el individuo se libera de toda servidumbre creando estructuras fluidas mucho más dinámicas que aquellas en las que operábamos en las sociedades preindustriales. Pero, este cambio también nos introduce en las sociedades del riesgo y la incertidumbre, abocando a cada uno a una trayectoria incierta, donde existen las interdependencias, pero donde no hay una autoridad superior capacitada para exigir el mantenimiento de los vínculos. En ese contexto, quien ocupa una posición inferior, quien tiene acceso a un menor número de recursos, también puede tener más dificultades para construir lazos o mantenerlos, y, por tanto, se vuelve más vulnerable. Pero, entendamos que su nivel de vulnerabilidad es ambiental, no individual. Está colectivamente construido. Es un nivel participado por el conjunto de individuos que forman el grupo humano en el que se ubica.

Las dos dimensiones que producen la exclusión: la distributiva y la vinculadora

Lo dicho quiere decir que hay dos dimensiones que producen la exclusión: la distributiva y la vinculadora. Ambas se entrelazan en la configuración de las estructuras que terminan por generar excluidos sociales. Ya no se puede reducir el problema de la exclusión a una cuestión de posiciones en la estructura, o de distribución de recursos, sino que también es una cuestión de vínculos de los individuos a otros individuos en el espacio social. Parece que ni siquiera es una cuestión reducible a un tema de clase, membrecía, de título o de status dado por una organización.

En consecuencia, el problema de la exclusión, en su dimensión asociada al fenómeno de la vulnerabilidad, implica una cuestión de la fragilidad de los vínculos que ligan a las personas unas con otras. El cual es comprensible, analizable, de forma independiente al problema de la carencia de recursos.

El concepto de comunidad

Ahora, para el desarrollo de esta dimensión del problema de la exclusión es necesario recomponer un viejo concepto: la comunidad. Y, ahora, ya hay estudios que plantean la comunidad no como identidades imaginadas, sino como cultura que emerge de las prácticas más o menos estables que permiten a los sujetos individuales experimentar el vínculo y crear juntos unas representaciones comunes sobre unos “nosotros” concretos (Blockland, 2018). Entendido así, la exclusión social supone: la pobreza individual de medios más la fragilización colectiva de los vínculos que crean las comunidades prácticas y cotidianas.

Resumen

En resumen, podemos decir que empezamos a sospechar que el fenómeno de estudio detrás de la exclusión social se visualiza mejor si consideramos la posibilidad de pensar la estratificación social en términos de, al menos, dos ejes independientes: uno de posiciones y otro de vinculaciones; en el que los individuos pueden ser colocados en función de: su posición en la estructura y la fortaleza de su vinculación al grupo. Y, ambos fenómenos sospechamos que pueden estar afectados por factores diferentes, aunque todos son estructurales.

En realidad esto es más complejo, porque estos ejes se producen en cada espacio de relación social, y por tanto, cada individuo resulta que no es un punto sino una figura bidimensional con tantos vértices como campos de relación haya. Pero eso, es otra historia.

Lo importante de esta visualización es que la investigación sobre la exclusión social se sitúa ahora en un espacio multidimensional en el que en un punto determinado, el punto de coordenadas, donde se junta todos los ejes, es donde encontramos al excluido que es pobre, que está marginado y que no pertenece a una clase social. Pero, desde ahí, desde ese punto, veremos que se abre una enorme variedad de situaciones de pobres que no son excluidos, de marginados que no son excluidos, ni pobres; de infraclases que no son pobres, etc.

Y, lo más interesante de la perspectiva que se está desarrollando es que, por los estudios que se vienen realizando desde hace cuatro décadas sobre la pobreza y vulnerabilidad urbana parece que las ciudades tienden a organizarse de tal modo que crean espacios internos específicos donde concentran a la población que más sufre esta situación porque no es una situación individual sino una situación colectiva. El problema de la pobreza podía ser entendido individualmente. El de la vulnerabilidad, no. Y, por consiguiente, el de la exclusión sólo puede ser entendido teniendo en cuenta esta dimensión colectiva-comunitaria de la que venimos hablando. Lo cual es fundamental porque, sospechamos que en esas zonas de exclusión se constituye un espacio social propio, específico, con sus propias normas, con actores que allí actúan de modo diferente a como lo hacen en cualquier otro lugar, actores como las organizaciones estatales, la policía, los profesores de los colegios, los profesionales de los servicios sociales o los médicos de familia.