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Estructuras sociales inclusivas en las ciudades en globalización.

ESTRUCTURAS SOCIALES INCLUSIVAS EN LAS CIUDADES EN GLOBALIZACIÓN.

TRABAJANDO PARA ALCANZAR UN CONCEPTO ACADÉMICO POTENTE. DESARROLLANDO UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS INCLUSIVAS ADECUADO. Desplegando iniciativas en cuatro áreas de la ciudad: trabajo, territorio, consumo y comunidad 

Una estrategia de globalización de crecimiento económico inclusivo será aquella que desarrolle un conjunto de iniciativas coordinadas en las tres áreas de actuación política (económica, social y urbanística), que promueva potenciar los aspectos estratégicos de la economía de la ciudad y desarrolle una estructura social inclusiva.

Ahora bien, ¿qué es una estructura social inclusiva? Básicamente, se podría entender por tal aquella que permita que todos los individuos de una sociedad o grupo participen de los beneficios que reporta el crecimiento económico. Es decir, que participen de la mejora de los resultados de la actividad económica.

No se está inventando nada nuevo con este concepto. El tradicional debate sobre la Renta Básica es precisamente parte de esta cuestión. Asimismo lo es el debate sobre el empleo para todos, la vivienda, la salud o la educación, así como el más típico de los impuestos y su redistribución. Todos los ejes básicos de la economía propia de la llamada sociedad del bienestar forman parte de la cuestión sobre el desarrollo de una estructura social inclusiva.

En la ciudad, una economía inclusiva es aquella cuyo crecimiento repercuta en una mejora de la calidad de vida de todos sus habitantes. No es aquella que implique que sean más iguales, sino que todos mejoren y que nadie quede excluido de la mejora.

Los conceptos analíticos más destacados desde hace cuarenta años en la investigación sobre la estratificación social para tratar esta cuestión de la inclusividad social han sido: Exclusión, Vulnerabilidad y Marginalidad que vinieron a complementar la visión más estática y simple de la pobreza. Lo contrario de la inclusión no es la pobreza, sino la exclusión o la marginación. Una economía inclusiva es una economía organizada de tal modo que no excluye ni margina a ningún grupo, ni individuo.

¿Cómo es un sistema de estratificación inclusivo? Teóricamente, es aquel en el que independientemente del nivel de desigualdad o de cómo ésta evolucione, no hay exclusión ni marginalidad. Es decir, es aquel en que el centro del debate no está en quién tiene qué, sino, en cómo de frágiles son los vínculos sociales entre cada individuo y los demás.

La perspectiva de la inclusión como dimensión de la estratificación social ha sido desarrollada como complementaria a la idea de la estructura de clases entendidas como posiciones relacionales en conflicto. En gran medida, fue R. Castel el que desarrolló la teoría sobre esta dimensión al estudiar la transformación del trabajo en las sociedades salariales y tratar de explicar el proceso de transformación de las relaciones laborales que se venía produciendo en el desarrollo de este tipo de modelo societario, y, dar cuenta de cómo se había desinstitucionalizado la relación laboral, centro de la crisis del trabajo como institución central que generaba el vínculo determinante del individuo con la sociedad. Aunque, dicha idea tiene su origen en el descubrimiento de las personas que quedan al margen de la sociedad, desvinculadas de todo, y que resurge con fuerza en el debate los años setenta en Francia, ante el aumento, entre otras cosas, del desempleo provocado por la crisis económica de los setenta. De modo que nos encontraremos con un gran grupo de personas que no pueden ser posicionadas en la estructura social por haber quedado al margen, excluidos. Serán las infraclases.

A comienzos del siglo XXI, la cuestión de la exclusión se desvincula de la de las clases sociales. Se reflexiona más desde la visión de R. Castel en su trabajo sobre las Metamorfosis del Trabajo en las sociedades salariales de un eje de diferenciación social diferente del clasista que encuadra a los individuos en situaciones dentro de un continuo que va de la integración a la completa exclusión. También, al estudiar sociedades como la española y los esquemas de representación identitaria se aprecia la existencia de una crisis de los vínculos sociales tal y como señalaron autores como J.F. Tezanos en sus años de estudio sobre las sociedades tecnológicamente avanzadas divididas, que es relativamente autónoma de la diferenciación en clases ocupacionales.  

Desde la perspectiva del estudio de las desigualdades, en los años ochenta, se pasará de estudiar la pobreza económica, al estudio de las carencias gracias al empuje de autores como Amartia Sen. Y, se señalará a los excluidos como los que tienen mayores carencias. Se visualizará la falta de acceso a los recursos como la forma de medición adecuada de los niveles de exclusión. El pobre será visualizado como asimilable al excluido.

Ambas ideas, juntas, llevan a una fuerte confusión entre las dos dimensiones analíticas de la estratificación social descubiertas por las ciencias sociales: la clase y el vínculo.

El problema de la estratificación social no es sólo una cuestión de posiciones ordenadas jerárquicamente que denominamos clases sino que también es un problema de cómo son los vínculos.

En las concepciones clásicas, el problema relacional se subsume al de las posiciones porque se conceptualiza que la posición es ajena al individuo. El individuo ocupa una posición predeterminada, previa a él y que seguirá existiendo aunque él cambie de posición. En el proceso de abstracción necesario en la investigación científica, se incurre en un supuesto extraño: el individuo y la posición no van unidas. Los individuos cambian de posición, pero las posiciones permanecen. La idea de que las relaciones entre las posiciones son de explotación o de dominación se explica como que están institucionalizadas las reglas que rigen las relaciones. Y, ellas no cambian en función de los individuos.

Sin embargo, las reglas cambian cuando los sujetos actúan. Eso es lo que se descubre una y otra vez en la investigación social cuando se observa la acción, especialmente la innovadora. Los individuos son sujetos de acción, al igual que sujetos de derechos y deberes. Los sujetos reflexivos descubiertos en la sociología una y otra vez durante el siglo XX no permiten ya sostener por completo esa suposición que separa posición e individuo. La Sociología del Individuo, que surge de la reflexión constructivista de los años ochenta y noventa, proporcionará un concepto crítico: el sujeto individual. Y, con ella, podemos plantear la idea de la estratificación social de un modo diferente que asume la autonomía de la posición y el vínculo. La posición que se ocupa es ejercida según reglas que los individuos modifican. De manera que, las relaciones que se mantienen con los otros se ven constreñidas por la estructura, pero dentro de unos límites relativos que los sujetos individuales son capaces de moldear. Y, así, ocurre que no es igual la imagen de la estratificación proporcionada por el estudio de las clases que la que estudia los vínculos.

En conclusión, una estructura social inclusiva es aquella donde hay clases, pero los vínculos son estables e intensos. Por ello, puede haber desigualdad, pero no hay excluidos.

Las propiedades de un vínculo son su estabilidad y su intensidad. La estabilidad se refiere a la capacidad del vínculo de mantenerse en el tiempo. La intensidad se refiere a la capacidad del vínculo de intercambiar recursos. A mayor tiempo manteniendo una relación y a mayor nivel de recursos que se intercambian, más fuerte es un vínculo.

En las ciudades postindustriales y en globalización se ha detectado desde hace ya más de cuarenta años que dentro de ellas hay una fuerte tendencia a la exclusión social. Y, ello es producido por una dinámica histórica que promueve el desarrollo de unas zonas urbanas donde se concentra a la población más vulnerable de las ciudades. Según los estudios de, por ejemplo Wacquant en chicago y París a finales del siglo XX, ello viene a ser producido porque se instala en estos espacios urbanos un “Régimen de marginalidad urbana avanzada” como consecuencia de unas lógicas históricas que tienden a empujar a los más desfavorecidos a estos lugares de la ciudad. Esas lógicas son: la segmentación de los mercados laborales urbanos; la fragmentación de las trayectorias laborales de los más desfavorecidos impulsada por la desregulación de los mercados laborales que permite la construcción de sistemas de recompensas que no protegen de la pobreza al trabajador y que introducen el desempleo como parte de la trayectoria normalizada laboral; la relocalización de las políticas sociales ante la retracción y desarticulación de las políticas estatales de bienestar y la restricción de los derechos ciudadanos a sólo aquel que trabaja en una economía de escasez de trabajo; y, a una dinámica urbana de concentración de la población en zonas desfavorecidas, estigmatización de la población por el lugar en que vive, y, abandono del espacio público por los actores con mayores recursos (Estado y clases medias).

Teniendo esto en cuenta, podemos considerar que las estrategias de globalización inclusivas son aquellas que son capaces de prever estas dinámicas en su proceso de globalización y actúan evitándolas o cambiándolas. Es decir, son estrategias que van a desarrollar iniciativas como: unificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores; control de los salarios y de los modos de contratación; desarrollo de planes de integración laboral para los más desfavorecidos; asunción y desarrollo de políticas sociales que sustituyan las abandonadas por el Estado; ampliación de los derechos de ciudadanía a todos los habitantes de la ciudad; fortalecimiento de las redes comunitarias de las zonas desfavorecidas; actualización y mejora de los servicios públicos de las zonas desfavorecidas; asentamiento del personal laboral público que trabaja en las zonas desfavorecidas; construcción de representaciones colectivas positivas sobre las zonas marginales integradoras y que fortalezcan a su población; extensión de un ingreso básico a toda la población; destrucción de las barreras físicas que separen estas zonas urbanas del resto de la ciudad; provisión de espacios públicos cuidados y ordenados a la vecindad. De modo que, el crecimiento económico ha de repercutir en la mejora sostenida de la población más vulnerable hasta conseguir construir un sistema de estratificación urbano donde aumente la fluidez social al reducirse las barreras que impidan a las personas y a las comunidades vecinales mejorar según su propio esfuerzo. Con lo cual, no es cuestión de simplemente reducir la desigualdad de resultados, sino de aumentar verdaderamente la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar en que se viva de la ciudad.

Las iniciativas inclusivas se despliegan en, al menos, cuatro áreas: trabajo, territorio, consumo y comunidad (TTCC). Dos de ellas son actuaciones dirigidas a colectividades, las otras dos van dirigidas a individuos. Implican, por tanto, dos modos de inclusión diferentes cuyas consecuencias sobre el sistema de estratificación puede ser significativo. La tensión entre ambas forma parte del debate sobre el desarrollo del Estado del Bienestar desde la II Guerra Mundial donde, durante décadas fue fortaleciéndose la visión individualizadora frente a la comunitaria. Ello implicó el desarrollo de lo que U. y E. Beck  denominaron en los noventa el proceso de individualización institucional, y la pérdida generalizada de lo que R. Putnam denominó, hace tiempo, capital social. El desarrollo de iniciativas inclusivas individualistas fomenta la inclusión en sociedades modernas de masas. El desarrollo de iniciativas inclusivas colectivas fomenta la inclusión comunitaria asentada en el territorio.

Por tanto, tentativamente, podríamos clasificar las estrategias de globalización de las ciudades en cuatro categorías: Excluyentes, Descapitalizadoras, Recapitalizadoras e Inclusivas. Las excluyentes no desarrollarían iniciativas inclusivas. Las Descapitalizadoras sólo desarrollarían iniciativas en las áreas del trabajo y el consumo. Las Recapitalizadoras crearían iniciativas de mejora de los territorios y las comunidadades. Y, las inclusivas trabajarían con iniciativas en todos los sentidos. Por tanto, la posición de la estrategia empírica concreta estaría en función de dos dimensiones latentes ortogonales: nivel de inclusión en el ámbito laboral y de consumo; y, nivel de inclusión en el territorio y la comunidad.

Al igual que el sistema de categorización de los objetivos económicos de globalización se habrá de reflejar en la estructura ocupacional de una ciudad, el sistemas de categorización del sistema de estratificación tiene su reflejo en indicadores. NN.UU. utilizaba en la década precedente varios indicadores en la medición del nivel de inclusión de una economía. Sin embargo, no es suficiente con lo apuntado por ellos, que va orientado principalmente en la medición de un sistema de estratificación o más excluyente o más “descapitalizador”. Utilizan indicadores como: Nivel de empleo informal, Brecha salarial, Nivel de desempleo y Nivel de jóvenes nini. Todos referidos al ámbito laboral. Los otros tres ámbitos de inclusión no tienen reflejo en estos datos que siguen una perspectiva enteramente economicista e individualista. Por tanto, desde aquí propongo incorporar otro tipo de indicadores para la medición de estos sistemas asociados a las áreas de: territorio, consumo y comunidad. El del consumo puede hacerse mediante el estudio de la desigualdad en el acceso a una renta mínima. El del territorio mediante el estudio del nivel de acceso a una vivienda digna. Y, el de la comunidad mediante el estudio del acceso a asociaciones de todo tipo que vertebren la sociedad.

 

El Estado y su responsabilidad en la marginación de las zonas vulnerables

El Estado y la responsabilidad de las administraciones públicas en los procesos de marginación de las zonas vulnerables. Una reflexión sobre la visión de L. Wacquant.

Recientemente, en el marco del Seminario Internacional de Derecho Penal y Criminología que se celebra en la UNED desde hace unos años, tuve la ocasión de reflexionar con mis compañeros de Derecho Penal y de otras disciplinas afines, así como con estudiantes de máster y doctorado de la UNED, sobre cual es la responsabilidad del Estado en la producción de barrios peligrosos en las ciudades en globalización dentro de una ponencia más extensa denominada: “Estado, clases marginales y barrios peligrosos en las urbes contemporáneas en globalización”. Extraigo a continuación los apuntes sobre lo que allí traté con ellos tras tratar sobre el concepto de exclusión y la formación de los barrios peligrosos:

¿Cuáles son los actores principales de los procesos  de marginación de zonas vulnerables y que las transforma en áreas peligrosas? 

Según Wacquant decía: hay tres actores principales: El Estado, las clases sociales y la ciudad. Son los cambios ocurridos en las últimas décadas en estos tres elementos del sistema social humano actual y la dinámica que se produce en la interacción entre ellos lo que termina por producir estos lugares de exclusión. La forma en que se organizan los tres en las últimas décadas es lo que termina por producir esta situación. Como hemos señalado ya: la ciudad se tiende a dividir y concentrar a una parte de su población en zonas depauperadas; las clases sociales obreras se tienden a fragmentar y dividir en la nueva economía; las clases medias huyen de esas zonas; y, el Estado, ¿qué ocurre con el Estado?

El Estado: relocalización de las políticas sociales y la fragmentación de la ciudadanía social

Según este autor (Wacquant), en Estados Unidos y Europa, el Estado ha promovido la existencia de estas zonas, su depauperización y degradación al desarrollar una tendencia creciente a la reconfiguración o relocalización de la política social. Al producirse una retracción y desarticulación de las políticas de bienestar (en Europa del Estado del Bienestar) a nivel estatal y fomentar su localización, las zonas de exclusión se han encontrado sin capacidad de reacción.

En la actualidad, la lógica histórica que se sigue ha producido un cambio sustantivo en la concepción de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Se ha pasado de considerar que el ciudadano tenía derecho a una asistencia, a unos derechos cívicos, políticos y sociales, a incidir en la obligación que tiene de trabajar y contribuir como previa condición para la adquisición de casi cualquier derecho social.

En estas condiciones, ha recaído en las comunidades locales la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos que viven en ellas. Éstos ya no son una preocupación del Estado. Así hemos visto en los últimos años cómo ciudades de todo Estados Unidos comienzan a regular la situación de los trabajadores irregulares que hay en ella con documentos de identificación locales, mientras el Estado se niega a reconocerles derecho alguno, aun cuando es una emergencia de salud en muchas ocasiones. Y, en Europa, llevamos tres décadas pasando del fomento de las políticas estatales dirigidas a estas zonas al desarrollo de planes cada vez más localizados, y menos dirigidos estatalmente, vendidos como proyectos innovadores y participativos. Pero que también son progresivamente dependientes de la financiación filantrópica y vecinal.

Consecuencia de ello es, que sin normas estatales, lo que hay hoy es una tendencia fuerte en la organización política hacia la fragmentación territorial de las condiciones de las ayudas sociales y cívicas a los desfavorecidos y a los espacios que ocupan. Lo cual aumenta la división interna de esta parte de la población respecto del resto de la ciudad. Y, las zonas con menos recursos quedan abocadas al olvido.

Tipología de las posturas empíricas del Estado ante el surgimiento de las zonas urbanas de exclusión.

Más concretamente, Wacquant advierte en su trabajo de la posibilidad de encontrar tres posturas diferentes de los Estados ante la problemática de las zonas urbanas malditas:

1. Primera opción: Rearmar y redesplegar los programas existentes del Estado del Bienestar.
Ello se hace cuando: Se refuerzan ayudas como el servicio humanitario de emergencia social (SAMU); Se activan programas de ayuda social que sirvan para alcanzar un empleo o formación; Se autoriza a los beneficiarios de ayudas a acumular durante un tiempo subsidios y trabajo; O, se fortalece la movilización de redes asociativas y de colaboración.

2. Segunda opción: Criminalizar la pobreza por medio de la “contención punitiva” de los pobres en barrios decadentes a los que se aísla y estigmatiza, junto con el uso de las prisiones como lugar que sirve de depósito temporal de aquellos que no se ajustan a las normas.
Ello lo podemos observar cuando: Vemos aumentar las tasas de encarcelamiento; Se sobrerepresenta masivamente a ciertos grupos sociales dentro de la población carcelaria; Se permite el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, reduciendo el encierro a su función más brutal de almacenes de categorías indeseables; O se endurecen las políticas penales a expensas de las políticas de rehabilitación.

3. Tercera y última: Reconstrucción activa del estado social que implique una transformación de éste para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, familiares, de género y de participación en la vida colectiva.
Lo que implica, por ejemplo: La instauración del salario del ciudadano o subsidio básico para separar subsistencia de trabajo; El acceso gratuito a la enseñanza y a la formación durante toda la vida; O, cuando se promueve la garantía universal de bienes esenciales como: vivienda, salud y transporte.


¿Qué tiende a ocurrir en Estados Unidos y en Europa? Paternalismos liberales


En los estudios comparativos de este autor entre lo ocurrido en Estados Unidos y Francia, él llega a la conclusión de que la situación en ambos es muy diferente.

La política americana desde los años setenta fue de reducción de los presupuestos dirigidos a estas áreas como medida para superar la crisis fiscal de los años setenta que afectaba a todo el país. No sólo se abandonaban las infraestructuras viales sino también los equipamientos básicos de policía, hospitales y colegios hasta llegar a desaparecer muchos de ellos. Detrás de tal política se desarrolló una ideología penal acorde a los tiempos neoliberales que defendía la necesidad de castigar el delito y se esforzaba por legitimar las políticas anteriores mediante el ofrecimiento de mayor seguridad a las clases medias contra el accionar de la delincuencia. Para lo cual, criminalizaron la pobreza y normalizaron la idea de que el trabajo inseguro había de ser el que podría tener la base de la estructura social. De ese modo, el Estado Social se convierte en un Estado penal, en el cual, la política central contra la pobreza es el hiperencarcelamiento. Apenas es necesario otra más.

En Francia, desde comienzos de los ochenta, se desarrolló una política nacional, regional y local que tenía como objetivo un plan de renovación de estas zonas denominadas ya entonces “sensibles”. Los resultados, aunque pobres para el problema que tenían entre manos, fueron, al menos: de detención del proceso de marginalización social de los residentes, y toma de responsabilidad colectiva ante el problema. Si bien, la persistencia del problema social de aislamiento seguía persistiendo 20 años más tarde.

Cuando, además, se acercó a los sistemas penales de ambos países, Wacquant llegó a la conclusión de que las tendencias observadas implicaban que se había construido un régimen de “paternalismo liberal” en ambas zonas que proporciona al sistema penal un lugar central en el aparato administrativo que gestiona la pobreza. En ambos, se asume un mercado laboral desregulado de bajos salarios y se desarrollan programas de seguridad social que permitan sostener un sistema de empleo casual.

Si bien, hay diferencias importantes entre ambos, advierte. En América se institucionaliza el gueto negro (del que forma parte la cárcel como parte de la vida de sus habitantes) como un dispositivo que sirva para el control de los grupos étnicos a subordinar. Y, en Europa se estaba también construyendo por entonces un sistema social penalista a través de un “camino europeo” que se caracteriza por intensificar al mismo tiempo las intervenciones en materia penal y de asistencia social.

En síntesis, según Wacquant tanto en un camino como en otro, las respuestas del Estado a la desigualdad persistente y a las áreas de exclusión postindustriales que se forman en las ciudades en globalización coinciden en reflejar: 1. Cómo se ha transformado el poder estatal, que queda subordinado al poder del mercado globalizado. 2. Cómo se han acentuado las divisiones de clase puesto que las clases sociales superiores tienen un mayor poder para excluir a las clases inferiores de los recursos y beneficios del sistema social. 3. Cómo la expansión de la cárcel y la reclusión como castigo es una respuesta política (de actores políticos que tienen el poder) y no simplemente debido a cómo ha evolucionado el delito o a que ha aumentado la eficacia de la policía o del sistema judicial.

Reflexiones finales

Entiendo en este contexto la pregunta que se hace Javier Cigüela en su reciente libro «Crimen y Castigo del excluido social» sobre la responsabilidad penal del excluido ante la ilegitimidad del Estado para imponer una pena. Y, la veo como esencial puesto que cuando queda en entredicho la capacidad del Estado para mantener un régimen determinado de ciudadanía, lo que está entre paréntesis es el propio Estado de Derecho.

Dicha situación puede ser explicada como el resultado de la lucha por la definición del eje básico que articula la estructura social y sitúa a los individuos en relación con los demás. Podríamos decir que, metafóricamente hablando, las dos más poderosas instituciones básicas que organizaron la vida social en la Modernidad (el Estado y el Mercado) se enfrentaron y se enfrentan para ver cómo sitúan a los individuos en la sociedad. Las normas que rigen las relaciones sociales en cada uno de esos espacios dan lugar a una estructura social. Al no ser las mismas reglas en una y en otra, los grupos o clases de posiciones que surgen en ellas son diferentes. ¿Son complementarias ambas estructuras o se producen desajustes entre ellas que son la base de conflictos fundamentales para la sociedad?

El largo siglo XX europeo mostró que lo habitual es que se produzcan desajustes fuertes entre ambas estructuras. El siglo XX fue un tiempo de revoluciones en las que la ciudadanía (teórica) fue ampliándose en dos sentidos: Por un lado, la población considerada como ciudadana aumentó gracias a la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de derechos a colectivos concretos como las mujeres o los obreros. Por otro lado, se incrementaron los derechos de los ciudadanos desde sólo los derechos políticos a los derechos cívicos, sociales y económicos. Aunque, en realidad, nunca se llegó a un régimen de ciudadanía plena al dominar más habitualmente el Mercado sobre el Estado.

Sin embargo, por lo dicho hasta ahora, me atrevo a hacer la pregunta de otra manera a la audiencia. Y, parto del supuesto de que el Estado no puede dejar de imponer alguna pena.

Mi propuesta va en línea con la idea de que el derecho penal podría llegar a ser una herramienta del Estado para fortalecer las políticas sociales. Desde ahí, pienso, si esto sería posible mediante la transformación del sistema penal en un medio para, a través de las sentencias, exigiese o empujase a los actores políticos y económicos a fortalecer las comunidades locales más vulnerables que es donde surge el problema del que estamos tratando: el excluido social.

Entiendo que ello exige un cambio del paradigma moderno que nos ha llevado a una visión individualizada de una realidad colectiva. Yo no hablaría de “indulto” al excluido o de un papel de “mediación” de la política penitenciaria, ni siquiera de un descenso de la presión punitiva sobre las “clases marginales”, sino de un fortalecimiento del papel del sistema de justicia para orientar la actividad política y económica hacia la consecución de los objetivos constitucionales y la preservación de los derechos y deberes de las instituciones sociales (políticas, empresariales y cívicas). Es decir, ¿se puede pensar en exigir desde los tribunales de justicia a las instituciones públicas y privadas a cambiar su forma de actuación por haber permitido o por haber casi empujado a personas excluidas concretas a delinquir al seguir determinadas estrategias demostrables que no eran delito?